Morena amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Morena amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

En una nueva iniciativa legislativa, Morena y sus aliados en el Congreso están impulsando una reforma al artículo 19 de la Constitución, que ampliaría aún más el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Entre los crímenes que se incluirían en esta lista se encuentran la extorsión, el narcomenudeo, cualquier actividad vinculada con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como delitos relacionados con materia fiscal y aduanal.

La propuesta, que se votará la próxima semana en la Cámara de Diputados, busca incarcelamiento automático para los acusados de estos delitos durante el proceso de investigación, es decir, sin necesidad de una sentencia condenatoria previa. Actualmente, el artículo 19 establece ya 15 tipos de crímenes que ameritan esta medida cautelar, y si se aprueba la reforma, se sumarán los delitos mencionados anteriormente.

Este cambio en la ley, sin embargo, ha sido controvertido, ya que varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible abuso de la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a México a modificar este mecanismo, ya que puede llevar a violaciones de derechos humanos, como el encarcelamiento arbitrario y prolongado de personas sin sentencia.

La prisión preventiva y su impacto en derechos humanos

La Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa en varios casos, donde personas fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas y torturadas. En particular, se mencionaron los casos de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes pasaron 17 años encarcelados sin juicio, debido a la falta de pruebas suficientes.

A pesar de estas advertencias, la propuesta de Morena busca que la prisión preventiva sea obligatoria para ciertos delitos. El dictamen de la reforma también incluye una disposición que evitaría interpretaciones “análogas” o extensivas de la ley, prohibiendo la suspensión o modificación de la medida cautelar.

Una reforma con raíces en el gobierno de AMLO

Esta no es la primera vez que se expande el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva. En 2019, durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Morena ya había incorporado nueve nuevos delitos a la lista, lo que reflejó el enfoque del gobierno federal en endurecer las penas para ciertos crímenes.

La reforma actual también forma parte de una agenda legislativa que López Obrador dejó pendiente al concluir su mandato, especialmente en lo relacionado con la extorsión, un delito que sigue siendo uno de los más comunes en el país. En 2023, se registraron 8,151 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 59% con respecto a 2018, cuando comenzaron a implementarse las políticas de seguridad de Morena.

La lucha contra el fentanilo y el narcomenudeo

Otro de los puntos clave de la reforma es la inclusión del tráfico de fentanilo y el narcomenudeo como delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Aunque no existen cifras exactas sobre el consumo de fentanilo en México, el gobierno ha reconocido que esta droga, mucho más potente que la heroína y la morfina, es una de las más peligrosas y adictivas del mundo.

En Estados Unidos, el fentanilo fue responsable de la muerte de 70,000 personas en 2021, lo que ha llevado a presiones internacionales sobre México para tomar medidas más estrictas en el control de esta droga. La propuesta de prisión preventiva para quienes estén involucrados en el tráfico de fentanilo busca frenar la creciente incidencia de este problema, que también ha desencadenado un aumento en la violencia y en los problemas de salud pública.

Delitos fiscales y aduanales: una medida en defensa de la economía

Por otro lado, el dictamen también propone que los delitos fiscales y aduanales sean castigados con prisión preventiva oficiosa, como parte de una estrategia para combatir la evasión fiscal y el tráfico ilegal de productos. En 2023, las autoridades federales detectaron a más de 10,000 personas involucradas en esquemas de defraudación fiscal, un delito que, según el gobierno, afecta directamente los recursos destinados a la educación, salud, infraestructura y otros programas sociales.

El daño económico causado por la facturación falsa entre 2017 y 2019 se estimó en 338,000 millones de pesos, lo que justifica, según los legisladores, la necesidad de aplicar medidas más estrictas, como la prisión preventiva, para evitar que estos delitos continúen afectando las finanzas públicas.

Conclusión

Con esta reforma, el gobierno federal y los legisladores de Morena buscan reforzar la lucha contra delitos considerados prioritarios, pero las preocupaciones sobre las violaciones a derechos humanos y el abuso de la prisión preventiva continúan siendo un tema de debate. Aunque se argumenta que estas medidas son necesarias para mejorar la seguridad y combatir la impunidad, organismos internacionales alertan sobre los riesgos que implica esta expansión del encarcelamiento sin juicio.