CJF Ordena Regreso al Trabajo de Jueces y Magistrados

CJF Ordena Regreso al Trabajo de Jueces y Magistrados

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido que los tribunales del país retomen sus actividades, tras el anuncio de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) de reiniciar labores este 16 de octubre. Esta medida se produce después de que los trabajadores del Poder Judicial se negaran a levantar el paro el miércoles y continuaran con las protestas en diversas sedes judiciales.

Ante esta situación, los titulares de los juzgados y tribunales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en Las Flores, Revolución y Prisma, ubicados en la Ciudad de México, emitieron un acuerdo para declarar días inhábiles hasta el 18 de octubre.

El viernes anterior, se llevó a cabo una votación en la que 684 jueces y magistrados federales optaron por reanudar sus actividades a partir de este miércoles. En respuesta a la decisión de la Jufed, el CJF afirmó que no hay fundamento legal para que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigan en paro.

Por otro lado, un grupo de trabajadores se manifestó en las afueras del CJF, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva todos los asuntos relacionados con la reforma judicial antes del 31 de noviembre, cuando concluirá su periodo el ministro Luis María Aguilar Morales. Carlos Ávila, secretario de juzgado, expresó: “Pedimos a la Corte que ejerza su facultad originaria para concentrar los amparos indirectos promovidos contra la reforma y que dé prioridad a estos asuntos”.

La Jufed también condenó las agresiones sufridas por trabajadores del Poder Judicial por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes de civil durante manifestaciones pacíficas en Palacio Nacional. En un comunicado, la Jufed criticó la represión de empleados y juzgadores que acudieron a protestar en el marco de una reunión con líderes empresariales.

“Estas agresiones revelan el talante autoritario del gobierno que instruyó a cuerpos de seguridad a amenazar con ejercer violencia contra trabajadores y juzgadores”, declaró la organización, añadiendo que “intentar inhibir el derecho a la libre manifestación con amenazas directas es un acto violatorio de la Constitución que merece una enérgica condena”.