Muertes de civiles en operativos militares en Tamaulipas

Muertes de civiles en operativos militares en Tamaulipas

El pasado fin de semana, tres personas perdieron la vida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo llevado a cabo por militares y miembros de la Guardia Nacional en su búsqueda de presuntos delincuentes. Las víctimas incluyen a una niña de 8 años, un joven de 18 y una enfermera de 46.

Hasta el momento, ni el gobierno local ni la Fiscalía de Tamaulipas o la Comisión de Derechos Humanos del estado han proporcionado una versión oficial sobre los acontecimientos. La información disponible ha sido recopilada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a través de testimonios de familiares de las víctimas.

El sábado 12 de octubre, alrededor de las 19:00 horas, Lidia Galván Reséndez se encontraba en su vehículo particular, acompañada de su nieta, Lidia Iris Fuentes Galván, con rumbo a una papelería. En ese momento, se vieron atrapadas en medio de una persecución entre las fuerzas de seguridad y sospechosos. Según el Comité de Derechos Humanos, el automóvil de Lidia fue cercado por dos camionetas y los elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego, impactando a la niña en la cabeza. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital, Lidia Iris no sobrevivió.

En el mismo operativo, Diego Alfredo fue encontrado sin vida dentro de una camioneta. Presentaba signos de tortura y, según informes, no portaba armas, lo que sugiere que podría haber sido víctima de secuestro.

Un día antes, el viernes 11 de octubre, Yuricie Rivera Elizalde, enfermera de 46 años, fue asesinada en el Fraccionamiento La Fe. Ella se trasladaba en su vehículo con su esposo e hijo cuando recibió un disparo en la cabeza, presuntamente por soldados del Ejército que perseguían a civiles armados. Testigos relatan que los militares abrieron fuego sin considerar la presencia de familias en la zona.

Víctor Manuel Carrillo Martínez, esposo de Yuricie, expresó su indignación: “Empezaron a disparar sin motivo. Quiero que se haga justicia”. Tras el ataque, Carrillo Martínez se acercó al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en busca de ayuda, pero su solicitud fue ignorada.

Yuricie era madre de dos hijos y trabajaba en el IMSS. El día de su muerte se dirigía con su familia a una cena.

La letalidad de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ha sido objeto de estudio en los últimos tres sexenios, con investigaciones que revelan un preocupante patrón de violencia. Un informe reciente titulado *Permiso para matar* documenta 1,524 víctimas, hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, quienes fueron asesinados o desaparecidos por fuerzas de seguridad con total impunidad.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, se han reportado públicamente otros casos de muertes de civiles, incluyendo el asesinato de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército y un enfrentamiento en Colima que dejó seis muertos. Ahora, se suman las trágicas historias de Lidia Iris, Diego Alfredo y Yuricie Rivera, que reavivan el debate sobre la intervención militar en la seguridad pública.